La pospandemia deja una agenda pendiente para la política pública que ubica a los conflictos habitacionales como una de las principales prioridades. El rol de la universidad pública en la resolución de la problemática.
Por Arq. Rodolfo Macera | Director de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano
La pandemia del coronavirus nos ha expuesto la existencia de otra grave pandemia que, aunque naturalizada, se encuentra instalada en nuestro país desde hace muchos años. La de la crisis habitacional.
La pospandemia deja una agenda pendiente para la política pública que ubica a los conflictos habitacionales como una de las principales prioridades.
La Constitución Nacional consagra el derecho a un hábitat digno. Sin embargo, la inmensa mayoría de los argentinos no tienen ninguna posibilidad de comprar una vivienda en el mercado formal. Cada vez más se va consolidando una distorsión entre los ingresos promedios de la población y el costo de las propiedades. Esta tendencia se agravó durante el gobierno anterior con la desarticulación de las políticas públicas de acceso a la vivienda para los sectores populares y medios. En este marco se inscribían los planes Procrear y los Federales que fueron abandonados. En concordancia con esto, los gobiernos de Macri y Larreta también comprometieron toda la tierra pública que les fue posible en negociados de especulación inmobiliaria alejados por completo de las necesidades de la población.
La situación habitacional reviste en la Argentina una conflictividad y un nivel de degradación como ninguna otra variable. Es más grave que cualquier problema que pueda identificarse en el sistema sanitario, en el educativo, en el previsional, etc. Quizás, sólo el sistema Judicial revista una situación de crisis estructural comparable con la cuestión habitacional.
De esta manera, los sectores medios intentan solucionar sus necesidades habitacionales entre estrategias de contención familiar y alquileres abusivos, mientras que los sectores populares quedan librados al absoluto desamparo. En ese contexto, se han conformado patrones de ocupación del suelo que responden básicamente a dos lógicas. La ocupación en condiciones infrahumanas de intersticios territoriales ambientalmente críticos en CABA y la primera y segunda corona del AMBA, y la ocupación por expansión de la mancha urbana en la periferia de la tercera corona. Este último patrón suele hacerse a partir de tomas de tierras generalmente organizadas.
Esta problemática habitacional ha estado históricamente invisibilizada y la pandemia la ha hecho emerger exponiéndola con noticias sobre las condiciones de vida en las villas de la ciudad, la villa Azul, la toma de Guernica o los negociados de tierra de Larreta en la Costa Salguero.
Cabe destacar que el análisis serio de la expansión de la mancha urbana durante la última década, en realidad da cuenta que la magnitud del impacto por urbanizaciones populares es realmente insignificante considerando la falta de resolución por parte de la sociedad para con el mandato constitucional. Mucho más insignificante aún si se lo compara con la afectación de tierras para urbanizaciones privadas, frecuentemente concebidas de manera ilegal.
La Argentina, por el nivel de ingreso per cápita, por disponibilidad de tierras, de recursos tecnológicos y humanos, por capacidades institucionales y académicas, se merece, puede y debe, contar con condiciones habitacionales dignas para toda su población.
Esta puesta en agenda de la problemática, junto con los recursos públicos que puedan aparecer disponibles para reactivar la construcción, pueden concebirse también como una oportunidad para replantear una política de estado que resulte inclusiva, justa y sustentable.
Para pensar una nueva institucionalidad para esta problemática, hará falta del concurso de todos los actores involucrados y de la universidad pública, comprometida con todos sus estamentos dispuestos a trabajar en busca de nuevas ideas y soluciones que posibiliten el acceso a un hábitat digno. Habrá que abocarse a pensar y gestionar el reordenamiento territorial, la relación entre territorio urbano y rural, las posibilidades de descentralización del crecimiento poblacional y las políticas públicas necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidad de los sectores más vulnerables.
Noviembre 2020 | Edición #89