Derechos Humanos
A fines de junio la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José Luis Maulín Pratto como el nieto número 120, quien fuera secuestrado y falsificada su identidad durante la última dictadura cívico-militar.
Por Elena Calvín | Responsable de la Dirección de Prensa de la Universidad Nacional de Avellaneda.
José Luis es oriundo de Reconquista, provincia de Santa Fe, e hijo de Luisa Pratto y Rubén Maulin. Su padre fue secuestrado en octubre de 1976 durante un operativo realizado en su casa por un grupo de tareas integrado por policías y miembros de la III Brigada Aérea de Reconquista. También se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting y a otros familiares que se encontraban presentes. Luisa quedó sola con sus dos hijos cursando el cuarto mes de embarazo, a merced de las torturas y abusos de los represores que continuaron realizando en su domicilio. A las pocas semanas su hermana Griselda también fue secuestrada al llegar a Reconquista.
El 26 de marzo de 1977 Luisa fue ingresada a un sanatorio privado local para dar a luz como Cecilia Góngora de Segretín, nombre de la apropiadora de su bebe, esposa de José Ángel Segretín, un hombre con fuertes vínculos en la Fuerza Aérea. Sus apropiadores inscribieron a José Luis como hijo del matrimonio con un acta de nacimiento falsa, firmada por la Dra. Elsa Nasatsky de Martino.
Después del parto, Luisa continuó siendo torturada y abusada por la misma patota policial que seguía irrumpiendo en su vivienda con frecuencia. Rubén Maulín pudo recuperar su libertad en 1982. A partir de ahí se presentaron juntos ante la justicia de Santa Fe para reclamar por su hijo, sin obtener ninguna respuesta ni ayuda.
Por una vecina, a fines de los años 80, en plena democracia, pudieron conocer el paradero de José Luis. Su denuncia fue rechazada por carecer de documentación que respaldara el reclamo. Además, frente a la posibilidad de que la mentira fuera descubierta, la apropiadora Cecilia Góngora amenazó con encarcelar a la familia por sus contactos con las fuerzas de seguridad.
A principios de los noventa, José Luis ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado. En ese entonces tenía 13 años y concurría a la misma escuela secundaria que Gisela, su hermana mayor. En una oportunidad, la adolescente de 14 años intentó hablarle, pero él, atemorizado, se negó. Enterada su apropiadora volvió a intervenir y la amenazó para que no volviera a acercarse.
Pasaron casi veinte años y en el año 2008, con otro contexto político y social, Luisa y su hermana Griselda volvieron a presentarse ante la justicia, reiterando la denuncia de lo sucedido durante el terrorismo de Estado. Esta vez la justicia finalmente aceptó investigar su caso.
Fue a través de una nota que Luisa dio a una radio local que José Luis conoció su historia y decidió averiguar su verdadera identidad. Luisa y Rubén pudieron encontrarse con su hijo por primera vez en febrero del 2009. En abril José Luis reclamó a la justicia por su identidad y viajó a Buenos Aires para realizarse el estudio de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El vínculo de filiación fue confirmado en un 99,99 %.
Hace poco más de un mes comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis, donde están imputadas su apropiadora Cecilia Góngora y la médica que atendió el parto y fraguó el certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky de Martino. Su apropiador, José Ángel Segretín, falleció en 1986 y Danilo Sambuelli, jefe del centro clandestino que operó en la III Brigada de Reconquista murió en diciembre de 2014 cumpliendo condena por los delitos de lesa humanidad allí cometidos.
José Luis reclamó ante el Tribunal Oral de Santa Fe la celeridad del juicio expresando la angustia de estar obligado a continuar usando el apellido de sus apropiadores y denunciando ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos que actualmente tienen 12 y 16 años, dando cuenta de la imprescriptibilidad del delito de apropiación de bebés durante el terrorismo de Estado.
Fotografía: Rolando Andrade.