Se torna fundamental recuperar los pilares de las políticas que han garantizado desde comienzos de este siglo el acceso a una educación pública en el nivel superior, y que conjugaron las expectativas de inclusión y de calidad educativa.

Por Anabella Lucardi y Alejandro Piqué

Durante estos últimos años, universidades como la nuestra -comprendida entre las “Universidades del Bicentenario” por tratarse de las de más reciente creación- han sido objeto de debates públicos que hace no mucho tiempo atrás parecían saldados.

Manifestaciones sobre la existencia de “universidades por todos lados” como un factor de derroche de recursos del Estado, o la puesta en cuestión sobre la veracidad del acceso de los sectores más vulnerables al nivel de educación superior resultaron moneda corriente en los discursos políticos del ejecutivo nacional y provincial. Y no sólo eso. Quienes habíamos entendido la creación de estos nuevos espacios educativos como parte de políticas de inclusión éramos advertidos ahora de que, en realidad, habíamos tenido la mala suerte de “caer” en la educación pública.

En este contexto, no puede resultar más ilustrativa la frase que oficia de título de la obra del filósofo del lenguaje John Austin: “Cómo hacer cosas con palabras”. Con esto decimos que, lejos de ser discursos enunciados en abstracto, las palabras de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal fueron acompañadas de políticas de desfinanciamiento de la educación pública. Quienes piensan las casas de estudios superiores como espacios destinados a las élites no encuentran fundamentos válidos para mantener la gratuidad de su acceso. Ello evidencia que, a pesar de los 70 años que han transcurrido desde el establecimiento de la gratuidad universitaria, el debate sobre su impacto en la democratización universitaria todavía está abierto.

Por otra parte, cabe aclarar que si la gratuidad no fue el punto de llegada de un largo camino hacia la universalización del acceso a la educación superior, resultó uno de sus condicionantes más importantes. De allí el peligro de la puesta en cuestión de su necesidad y el imperativo de defenderla.

Entre las más perjudicadas por las políticas que en estos cuatro años subyacieron a aquellos discursos que negaron los logros obtenidos en materia de inclusión educativa, se encuentran las Universidades del Bicentenario. Portadoras de una oferta educativa diversificada, son las que se encuentran formando nuevas camadas de universitarios que tienden a ser, además, primeras generaciones en acceder a este nivel educativo en sus respectivas familias.

Estas casas de estudios que se erigieron en localidades de todo el país, cuyos habitantes se veían hasta entonces obligados a recorrer varios kilómetros para acceder a estudios superiores -para lo cual debían contar con recursos económicos para hacerlo- se encontraron ahora en la posición de explicar la razón de su existencia ante representantes del poder político y ante la opinión pública.

Es a raíz de esta discusión en la que nos vimos envueltos en los últimos años que se torna fundamental recuperar los pilares de las políticas que han garantizado desde comienzos de este siglo el acceso a una educación pública en el nivel superior, y que conjugaron las expectativas de inclusión y de calidad educativa.

Necesitamos responder -no sólo con palabras, sino con nuevos hechos- a esas manifestaciones que se traducen en políticas educativas que excluyen a las mayorías, y que descreen del potencial que tiene para el país la inversión en el sistema educativo y científico. Está probado que, aun teniendo altas cifras de pobreza, la inversión en estas áreas no opera en perjuicio de los sectores más desaventajados (como aseguran los discursos que rechazan la gratuidad y otras formas de inversión pública en ciencia y educación), sino que, por el contrario, redundan en mejoras de las condiciones de vida de toda la población.

El legado de la Reforma de 1918

Creemos que es fundamental que aquellas y aquellos que integren el gabinete del próximo gobierno nacional retomen el legado de los reformistas del ´18, la senda que marcó la gratuidad universitaria durante los gobiernos peronistas y el espíritu democratizante del kirchnerismo en materia de política universitaria. Aquellos son cimientos firmes para consolidar la democratización de la universidad, de modo tal de permitir la apropiación colectiva del conocimiento y posibilitar mayores niveles de justicia social.

Noviembre 2019 | Edición #80