En un contexto de niveles de empleo que se desploman y familias argentinas que tienen serias dificultades para afrontar sus gastos mensuales, es propicio recuperar una pregunta de larga data en los debates de la ciencia económica: ¿cómo organizar el trabajo social?
Por Lic. Sergio Chouza*
En este contexto de niveles de empleo que se desploman y familias argentinas que tienen serias dificultades para afrontar sus gastos mensuales, es propicio recuperar una pregunta de larga data en los debates de la ciencia económica: ¿cómo organizar el trabajo social?
Desde tiempos de la revolución industrial la respuesta a esta pregunta fue unívoca dentro de los teóricos de la economía política: el trabajo se organiza desde la institución del mercado. Posteriormente, esto fue puesto en cuestión con la aparición de enfoques críticos al capitalismo de libre-mercado. El más radical de ellos proponía incluso la abolición de dicho sistema por medio de la revolución obrera. Con el keynesianismo y la idea de la intervención del estado el problema adoptó un enfoque intermedio entre estos dos extremos. En la actualidad, no obstante, el problema no está siendo abordado exhaustivamente por la ciencia económica. Para poner un ejemplo, los modelos actuales de macroeconomía que se estudian en todas las universidades del mundo tienen una característica particular: suponen la existencia de una tasa “natural” de desempleo, con lo cual, el pleno empleo no sólo no puede alcanzarse sino que no es recomendable. Desde este punto de vista, el desempleo funciona como un disciplinador sobre los/as trabajadores/as incorporados/as al circuito productivo, limitando el aumento de los salarios y condicionando la intensidad que deben aplicar sobre su trabajo.
Ahora bien, la organización del trabajo ha venido cambiando sustancialmente desde hace al menos 50 años. La deslocalización productiva, la desintegración vertical y horizontal de las industrias, el auge de la producción flexible, la automatización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han traído aparejado una revolución en las posibilidades de producción a escala global. A medida que los bienes industriales se automatizaban y, por lo tanto, requerían menor cantidad de operarios fabriles, el empleo industrial iba perdiendo participación sobre el empleo total, al ritmo que crecían nuevas actividades relacionadas con los servicios, especialmente aquellos basados en el conocimiento. Pero, a su vez, este proceso ha representado un desafío para la incorporación de todas las porciones de la población al mundo del trabajo globalizado.
Los procesos de incorporación de tecnología y el aumento de la productividad han expulsado a grandes masas de trabajadores/as hacia trabajos precarizados o hacia el desempleo. Este proceso ha sido compensado en parte por los sistemas de protección laboral y social heredados del ahora en crisis Estado de Bienestar. En éste los modelos políticos y económicos han jugado un papel importante.
Es así que en la Argentina se ingresa a esta etapa de globalización des-industrializadora de manera violenta, con la dictadura cívico militar de 1976. Las medidas de desregulación y liberalización implicaron una caída del empleo industrial del 38,7% durante los 7 años que duró el proceso hasta el advenimiento de la democracia. De la misma forma, el salario real se desplomó un 31,8%. Tal magnitud de contracción, tanto del empleo como del salario real industrial, implicó un duro retroceso para las condiciones materiales de vida de la sociedad argentina; pero también para un proyecto industrial de mediano-largo plazo, ya que las capacidades perdidas en materia de capital productivo y know-how son variables que demandan varios años de acumulación en alcanzar estándares de competitividad.
A partir de diciembre de 2015, pero ahora de forma democrática, el mismo proyecto político desembarca en el poder ejecutivo nacional y en poco más de 3 años ya ha reducido el empleo industrial en más del 10% solamente en el sector asalariado formal, lo que representa 130 mil empleos menos en el sector industrial.
El aumento del desempleo facilita la reducción del salario y la flexibilización de las condiciones laborales. No obstante, un proyecto político que apunte al desarrollo no puede olvidar que la base de una nación pujante es el desarrollo humano de su población aplicado al trabajo y, para esto, las condiciones materiales y espirituales de vida de su población deben tender a mejorar día a día. Con todo, la política económica debe estar enfocada en invertir en dinamizar las capacidades de su población y, para ello, la organización del trabajo es una función demasiado importante como para que se deje librada a la voluntad del mercado.
* Integrante del Módulo Política Económica – Observatorio de Políticas Públicas | UNDAV.
Mayo 2019 | Edición #74