Una fractura de cráneo lo dejó discapacitado. El Poder Judicial tardó más de 12 años en resolver el hecho y la indemnización le fue pagada con bonos a cobrar en 2016. Reflexiones en torno a la crisis del sistema judicial, a 5 años del fallo de la Corte Interamericana de DDHH sobre el caso “Furlan”.

Por Germán D. Hiralde Vega | Docente de las materias: Nociones de Derecho Civil y Derecho a la Vivienda | Carrera de Abogacía – UNDAV

El pasado 31 de agosto se cumplieron 5 años del dictado del fallo “Furlan” por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que puso en evidencia la crisis del modelo kafkiano del Poder Judicial mediante la condena al Estado argentino por la violación de los derechos de una persona en condición de discapacidad.

El caso
En 1998, cuando tenía 14 años, Sebastián Furlan sufrió una fractura de cráneo y daños cerebrales graves que derivaron en una discapacidad motora y del habla. Fue consecuencia de un golpe que recibió al impactar con el travesaño de un arco, mientras jugaba al fútbol en un campo abandonado del Ejército, en la localidad bonaerense de Ciudadela.

Los padres demandaron civilmente al Ministerio de Defensa, pero el juicio demoró 10 años hasta que se dictó sentencia y otros 2 años más en su ejecución. La sentencia fijó una indemnización de $130.000, pero, por aplicación de la ley 23.982 de consolidación de deudas, se le acreditó mediante bonos a cobrar en 2016. Como en ese momento la familia necesitaba el dinero para afrontar los gastos de rehabilitación de Sebastián, debieron vender los bonos por solo $38.300. Mientras transcurría el juicio, se fue desatando una tragedia tras otra en la vida de Sebastián y en la de su familia, lo que llevó al joven a intentar suicidarse en dos ocasiones.

Sus familiares llevaron el caso a los tribunales internacionales y la CIDH falló a su favor condenando al Estado argentino por violar los derechos de acceso a la justicia y a la integridad personal de una persona en condición de vulnerabilidad.

La sentencia Por unanimidad, el tribunal interamericano consideró que durante el proceso no se escuchó a la víctima, no se dio la debida intervención al defensor de menores, ni se le proporcionó información a los familiares sobre sus derechos. A su vez, se tuvo por probado que la demora en la obtención de una indemnización agravó la discapacidad que sufrió Sebastián, lo que atribuyó al accionar deficiente del Poder Judicial.

Por ello, la Corte condenó al Estado argentino a pagar una indemnización a la familia de Sebastián y le ordenó que lleve a cabo una serie de medidas protectorias para las personas que padezcan secuelas de discapacidad.

La crisis del modelo “kafkiano” del sistema judicial
Transcurridos cinco años desde el dictado del fallo “Furlan”, los tribunales argentinos continúan atravesando un grave problema institucional por la lentitud de los procesos, sin dar una respuesta real, efectiva y oportuna a los conflictos.

En la vida diaria, ello se traduce en personas que quedan en situación de calle sin haber tenido un proceso de desalojo con las debidas garantías, en la ejecución de créditos con intereses leoninos, amparos por salud o vivienda rechazados bajo argumentos formalistas o –como sucedió con Sebastián– en indemnizaciones que llegan tarde.

Esa omisión constituye una violación a las obligaciones internacionales, pasible de generar responsabilidad de los funcionarios públicos y del Estado argentino.

En el relato “Ante la ley”, Kafka describió con agudeza cómo esos guardianes celosos impedían el acceso de un humilde campesino a las puertas de la Ley. Esperemos que desde esta Universidad podamos contribuir con la formación de una nueva generación de abogados con sensibilidad que abran tenazmente las puertas del Derecho para los sectores más vulnerados de la sociedad.

Justicia para los vulnerados
A partir de la reforma constitucional de 1994, que incorporó tratados internacionales, y, en buena medida, desde el 2003, se adoptaron muchas normas inclusivas e igualitarias reconociendo derechos. Sin embargo, el sistema judicial sigue excluyendo en forma sistemática a determinados sectores, obstaculizando su acceso o dejándolos desprotegidos de las garantías del proceso. El desafío, entonces, es el de empoderarlos legalmente y exigir respuestas ajustadas a dichas normas.

Octubre 2017 | Edición #59