¿Cómo construimos una universidad feminista?

Las universidades han señalado a la violencia, la desigualdad y la discriminación por razones de género como problemáticas a abordar y han manifestado su compromiso de destinar recursos para su prevención y erradicación.

Foto ilustrativa
Foto: Soledad Di Pasquale.

Por Victoria Primante* y Malena Espeche**

Al día de la fecha resultan innumerables los artículos y publicaciones que dan cuenta del trabajo que venimos haciendo los feminismos universitarios para la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias machistas en nuestras casas de estudio. Sin dudas, la creación de los protocolos, como aquellas herramientas normativas capaces de regular los procedimientos administrativos a seguir frente a una situación de violencia machista, han sido la punta de lanza para instalar una discusión que se fue abriendo paso, transformándolo todo. Y es que estos instrumentos permitieron a las universidades posicionarse política e ideológicamente frente a una problemática estructural de la sociedad: con la aprobación de los protocolos las universidades han señalado a la violencia, la desigualdad y la discriminación por razones de género como problemáticas a abordar, en todos sus matices y con todas sus complejidades; y han manifestado su compromiso de destinar recursos y presupuesto específico para su prevención y erradicación.

Rápidamente pudimos entender, quienes trabajamos en la implementación de dicha herramienta, que es preciso llevar esa discusión hasta su máxima expresión, hasta lugares incluso que al día de hoy todavía no vislumbramos. Enseguida comprendimos la necesidad de establecer una agenda que fuera más allá (mucho más allá) de la creación de protocolos.

En la calle se exige que se apruebe un proyecto de Ley que garantice la soberanía de los cuerpos, la salud y la vida de las personas con capacidad de gestar; el ASPO dispuesto por el Gobierno Nacional frente a la pandemia por COVID-19 dejó en evidencia la urgencia en generar políticas que fomenten la corresponsabilidad frente a las tareas de cuidados; el techo de cristal, el piso pegajoso y la escalera rota siguen siendo realidades que impiden el acceso a educación y trabajo en igualdad de condiciones y agrandan la brecha salarial entre varones CIS y otras identidades sexo-genéricas no hegemónicas.

Frente a este panorama, los feminismos universitarios tenemos tanto el deber ético, profesional y político, como el compromiso militante, de apoderarnos de los instrumentos institucionales que nos ofrece el sistema educativo para generar políticas de transformación profunda, con impacto no sólo en nuestras comunidades educativas, sino en el conjunto de la sociedad. En ese camino de apropiación y conquista, se ha logrado correr una vez más la frontera de lo posible, no sólo con la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional a la Ley Micaela sino, y sobretodo, con su efectiva implementación y la asignación de recursos para ello.

En este marco, la UNDAV anunció para el año 2021 el lanzamiento de la capacitación obligatoria en género para los claustros docente y nodocente, la cual estará a cargo del Programa Transversal de Políticas de Géneros y Diversidades, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario. Dicho anuncio fue realizado durante la actividad de apertura de la Semana de Acción contra las Violencias Machistas, que se llevó a cabo entre el 16 y el 20 de noviembre, y contó con más de diez actividades organizadas colectivamente por estudiantes, docentes, nodocentes y graduades.

La capacitación obligatoria se constituye como una de las apuestas más ambiciosas en miras de la transformación profunda de nuestras universidades. En relación a ello, la socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos, quien estuvo presente en la Semana de Acción contra las Violencias Machistas, advirtió que pretender capacitar a toda la sociedad civil de manera obligatoria en el Marco de la Ley Micaela sería caer en una suerte de banalización, volviéndola inocua, por el esfuerzo y los recursos que esto demandaría, y que por el contrario debemos apuntar los esfuerzos a que se implemente de manera efectiva en el Estado, las corporaciones y las entidades deportivas, preservándole el estado instituyente, que es en definitiva lo que cuenta a la hora de transformar.

* Coordinadora del Programa Transversal de Políticas de Género y Diversidad.

** Coordinadora del Área de Políticas de Bienestar Universitario.



Foto: SBU.



Diciembre 2020 | Edición #90