Las universidades tienen la oportunidad histórica de construir una respuesta superadora a la problemática de la violencia de género, ofreciendo capacitación en dicha temática e impulsando su inclusión en los planes de estudio.

Por Lic. Malena Espeche | Lic. Victoria Primante | Lucía Figueroa*

Tras casi dos años de trabajar en la implementación del Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia de Género, Acoso Sexual y Discriminación por Identidad de Género y o Vivencia de la Sexualidad en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la experiencia nos ha demostrado que la mayoría de las personas denunciadas niegan el carácter violento, misógino, sexista o discriminatorio de su accionar, desconociendo la gravedad de los hechos y las consecuencias producidas en quienes son víctimas de dichas violencias. Entendemos que ésto responde a la naturalización de ciertas prácticas y discursos que durante años fueron reproducidos por un sistema patriarcal que caló con su lógica hasta lo más hondo de las instituciones y las representaciones sociales y que, aún hoy, -con todo lo que se ha avanzado en materia de derechos- nos sigue dificultando, a las mujeres y a las personas del colectivo LGBTTIQ, el ejercicio pleno en condiciones de igualdad y equidad.

Nos encontramos, principalmente, con lo que se denominan violencias cotidianas, aquellas que operan de manera más invisible, esas prácticas y discursos que son tomados como naturales y que discriminan, menoscaban y estigmatizan, generando malestares que, en la mayoría de los casos, han sido tolerados por mucho tiempo, por la dificultad para problematizar dichas acciones y percibir su connotación violenta.

En este sentido, creemos que no sólo no alcanza, sino que además no sirve la figura del mero castigo punitivista a los fines que nos proponemos: que la universidad sea un ámbito libre de violencia, acoso y discriminación por cuestiones de género. Si bien coincidimos con la importancia de sancionar las violencias e intentar reparar el daño a quienes las padecen y, por ende, celebramos las cada vez más numerosas experiencias de implementación de protocolos a lo largo y a lo ancho del país, también creemos que las universidades tenemos la oportunidad histórica de construir una respuesta superadora a la problemática, apelando a nuestra misión educativa, inclusiva y promotora de derechos, ofreciendo la formación en temáticas de género para docentes, nodocentes y autoridades e impulsando la inclusión de la perspectiva de género en los planes de estudio para la formación de futuros/as profesionales.

Éste es un reclamo que vienen motorizando los movimientos de mujeres y feministas desde las distintas universidades nacionales, que han conseguido la conformación autogestionada de la RUGE (Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias), que tiene actualmente reconocimiento del CIN y cuya última victoria es el logro de la adhesión del pleno de rectores y rectoras de dicho Consejo a la “Ley Micaela”. Dicha Ley implica centralmente la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, cuyo objetivo es formar y sensibilizar a quienes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

Cabe mencionar que, a raíz de la autonomía de la que gozan las universidades, no estaban incluidas dentro de los alcances de la Ley. No obstante, la decisión de adherir refleja la fuerza política de este movimiento capaz de incorporar en la agenda pública el histórico reclamo de alcanzar instituciones más democráticas y equitativas. En el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda, se aprobó su implementación por unanimidad en la 71ª Sesión Ordinaria del Consejo Superior, llevada adelante el día 24 de abril de 2019, demostrando un claro apoyo y una voluntad política firme, no sólo de parte del Rector, Ing. Jorge Calzoni, sino también de la totalidad de los/as Consejeros/as Superiores/as.

Dentro de los fundamentos de la Ley se menciona la necesidad de que el Estado garantice los mecanismos de institucionalización, efectividad y seguimiento de los programas de capacitación para lograr cambios sostenibles, así como un monitoreo y una evaluación del impacto de su implementación a nivel nacional.

En la UNDAV venimos trabajando desde el Programa Transversal de políticas de Géneros y Diversidad -que funciona en el marco de la Secretaría de Bienestar Universitario- en el diseño de distintas propuestas pedagógicas, en un trabajo articulado con los gremios docente (ADUNA) y nodocente (ANDUNA) y la Federación Estudiantil (FUNDAV), para desarrollar y fortalecer la formación de toda la comunidad universitaria, a lo que se suma el desafío de la implementación de la Ley Micaela, para lo cual ya nos encontramos trabajando de cara a una primera instancia de capacitación para las autoridades de la Universidad, que continuará con los distintos claustros.

Se trata, en definitiva, de acompañar, generar y sostener la tarea formativa en función de cumplir la importante misión de prevenir las situaciones de violencia y discriminación machista, con el fin de erradicarlas definitivamente del ámbito universitario.

* Integrantes del Programa Transversal de Políticas de Géneros y Diversidad-Secretaría de Bienestar Universitario - UNDAV.

Junio 2019 | Edición #75