Cada compra que hacemos con nuestras tarjetas, cada búsqueda en Google, cada sitio al que vamos con nuestro teléfono en el bolsillo, cada “me gusta” es recolectado, junto con nuestros datos personales.

Por Mg. Ing. Roberto Osvaldo Mayer | Lic. María del Carmen Pérez

El siglo XXI enfrenta un nuevo paradigma: el de la “Hiperconectividad” que genera, ayudado por la acelerada evolución tecnológica, un cambio cultural de la sociedad en general y de las personas en particular.

El acceso a Internet se ha convertido en una necesidad básica y es en ese marco que “el manejo” de la red Internet y los datos que por ella transitan, influye en todos nosotros, sin que necesariamente conozcamos su alcance y sus consecuencias.

Cada compra que hacemos con nuestras tarjetas, cada búsqueda que hacemos en Google, cada sitio al que vamos con nuestro teléfono en el bolsillo, cada “me gusta” es recolectado, junto con nuestros datos personales.

El término big data hace referencia a grandes volúmenes de datos, de los cuales se puede deducir el comportamiento de usuarios formulando predicciones a través de los patrones observados. Aunque una sola pieza de esta información es irrelevante para hacer una predicción, cuando se combinan decenas, centenas o miles de estos datos, los resultados de las predicciones llegan a ser muy acertados.

Sólo basta citar un ejemplo, el conocido escándalo de Cambridge Analytica y de los fuertes cuestionamientos a Facebook por las fallas en su política de protección de la privacidad. Cambridge Analytica utiliza la psicometría para las campañas electorales.

La protección de datos personales, amparada en la ley 25326 del 2014, aplica en nuestro país, pero no así en los contratos de adhesión a Google o a Facebook que establecen que, ante cualquier litigio, los tribunales competentes son los de California.

La capacidad de procesamiento de datos de las máquinas y el concepto de virtualidad en el alojamiento de esos datos hace que estemos en un momento de turbulencia en dónde las políticas deben establecer un marco regulatorio internacional que armonice los derechos individuales y colectivos.

Noviembre 2018 | Edición #70