Al cumplirse el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, las voces de miles de universitarios se hicieron oír en Córdoba, en el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe.
Las Conferencias Regionales de Educación Superior de América Latina y el Caribe han sido convocadas cada diez años. La primera se realizó en La Habana (Cuba), en 1996, y la segunda en Cartagena de Indias (Colombia), en 2008. Allí, autoridades universitarias, docentes, estudiantes, trabajadores/as nodocentes y representantes de distintas organizaciones de la educación superior analizan y debaten sobre la situación del sistema educativo en la región, recogiendo los cambios que la sociedad ha experimentado y cómo han repercutido hacia el interior de las distintas instituciones, dejando planteadas diversas estrategias de acción que implican el pensarse situadas hacia la década siguiente. Además, se detallan recomendaciones a los gobiernos a fin de adecuar las políticas e iniciativas en Educación Superior.
En momentos en que los Estados aplican ajustes indiscriminados a los presupuestos destinados a educación, la Declaración final de la CRES 2018, producto de arduos debates que se dieron al interior de las Comunidades Universitarias, plantea la imperiosa necesidad de garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso, con el objetivo de llevar adelante “una nueva e histórica transformación desde el compromiso y la responsabilidad social”.
Para ello se solicitó a los Estados Nacionales que no suscriban ningún tratado de libre comercio que tome a la educación como una mercancía y los insta a incrementar los recursos destinados a la educación, la ciencia y la tecnología, a fin de garantizar que la educación superior sea un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de privilegios.
Todo el documento está impregnado de una fuerte defensa del compromiso social de las universidades, que se traduce en cada uno de sus enunciados, resaltando la concepción de que el conocimiento es un bien social y colectivo, esencial para lograr garantizar los derechos humanos básicos de toda la ciudadanía.
Asimismo, dentro de la extensa declaración se hizo lugar al reclamo por el respeto a la diversidad en una región caracterizada por la pluralidad cultural de sus pueblos. Como forma de aportar a la construcción de sociedades más justas e igualitarias para luchar contra el racismo, la discriminación y la intolerancia, se propone trabajar hacia el interior de las instituciones educativas “las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de los distintos pueblos y grupos sociales”.
Como marca distintiva de esta época, la cuestión de género atravesó muchos de los debates que se fueron planteando a lo largo de los distintos foros. Por ejemplo, el documento de cierre del eje “A cien años de la Reforma Universitaria de 1918”, destaca cuestiones pendientes que resultan imprescindibles de resolver a fin de poder alcanzar la plena equidad de género hacia el interior de las instituciones educativas, como por ejemplo, la elaboración de políticas efectivas con el objetivo de erradicar toda forma de violencia de género, como así también para incrementar la presencia de académicas en los ámbitos de dirección universitaria -hoy en clara minoría-, pese al notorio crecimiento femenino de la matrícula estudiantil y del plantel docente en todas las universidades.
Un aporte significativo en esta temática lo constituyó la recién conformada Red Universitaria de Género (RUGE), del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En su pronunciamiento en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, destacó que, a pesar del trabajo realizado en los distintos ámbitos universitarios, como lo es la creación de los protocolos para la atención de situaciones de violencia de género, la transversalización de la perspectiva de género en diferentes planes de estudio, las capacitaciones y ámbitos de formación e investigación, aún queda un largo camino por delante en pos de la democratización y emancipación, a fin de combatir las desigualdades entre los géneros y la aceptación de la diversidad en todos sus aspectos.
Recogiendo parte de esta discusión, uno de los puntos sobresalientes del plan de acción de la CRES 2018 para la próxima década ha sido el convocar a empoderar e impulsar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida universitaria. En el cierre de su declaración final se deja planteado como interrogante cuál es el aporte que deben realizar las universidades a la igualdad de género en torno al entramado que consolida las distintas identidades de los pueblos latinoamericanos.
Plan de Acción CRES 2018
Algunos de los principales objetivos planteados de cara al futuro son:
• Impulsar la expansión de la cobertura en la educación superior en pregrado, grado y posgrado, con calidad, inclusión social y diversidad.
• Fomentar la innovación educativa y la investigación pedagógica.
• Empoderar e impulsar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida universitaria. Potenciar la participación de los estudiantes en las instituciones y garantizar la defensa permanente de sus derechos.
• Construir una agenda regional de ciencia, tecnología e innovación productiva.
• Asumir una abierta y clara oposición a la mercantilización de la educación, reafirmando la responsabilidad de los Estados en la regulación de la misma.
Agosto 2018 | Edición #67