En el marco de dicha medida, promotora de xenofobia y estigmatización, se expulsaron aproximadamente a 3.000 personas sin el cumplimiento del debido proceso y el derecho a la defensa.

Por Giovanny Gilberto Leal Roncancio*

La Ley de Migraciones 25.871/ 2004 que logró materializar las necesidades de las poblaciones inmigrantes y el proyecto integrador que se estaba constituyendo en 2004 en la región, significó avances importantes respecto a la anterior Ley Videla que tenía un carácter represivo y estigmatizador. Esta ley reconoció el derecho a migrar como esencial e inalienable de la persona y, a su vez, garantizaba el derecho a la educación y a la salud independiente de la situación migratoria.

El Decreto reglamentario 616/ 2010 hizo efectivo el derecho a la regularidad migratoria, al debido proceso y el derecho a la defensa ante cualquier medida dictada por la autoridad migratoria. También la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)adelantó el plan Patria Grande para todos aquellos ciudadanos del Mercosur. Según la DNM, desde 2004 a 2009 se logró regularizar la situación migratoria de aproximadamente 736 mil inmigrantes.

Adicionalmente, se implementó el Programa de Abordaje Territorial, a través del cual se buscó resolver los problemas de documentación y regularidad de los inmigrantes que vivían en zonas de vulnerabilidad. Dentro de las actividades más destacadas está el desarrollo de acciones de difusión y concientización de derechos políticos, sociales, civiles y de regularización a las poblaciones inmigrantes asentadas en diferentes barrios del Gran Buenos Aires.

Estas políticas que facilitaron la regularidad migratoria bajo la consigna de proteger y garantizar los derechos de los inmigrantes se adelantaron hasta 2015, año en el que el entonces y recién posesionado presidente de la República Mauricio Macri, inició un conjunto de reformas profundas en la política y la economía del país que repercutieron de forma desfavorable en la población argentina y, por supuesto, en las colectividades inmigrantes. Fue entonces que el macrismo impuso el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017 a través del cual se permitió la expulsión de ciudadanos, disminuyó las garantías procesales y vulneró el derecho a la defensa de los inmigrantes, a través de la creación de un procedimiento migratorio sumarísimo para negar el ingreso y expulsar inmigrantes de forma exprés.

En el marco de este decreto, que además promovió la xenofobia y estigmatizó a las poblaciones inmigrantes por asociarlas con situaciones de inseguridad y delincuencia, se expulsaron aproximadamente 3.000 personas de forma rápida y sin el cumplimiento del debido proceso y el derecho a la defensa contra estas medidas impuestas por la DNM. Así lo reveló el informe “Familias migrantes y detención: una mirada sobre el impacto del proceso penal”, realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF).

Las denuncias y movilizaciones sociales contra por la aplicación abusiva y discriminatoria del Decreto 70 por parte de organizaciones de migrantes, de derechos humanos, la academia y organizaciones políticas no se hicieron esperar, hasta que en marzo de 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró como inconstitucional el Decreto 70 por considerarlo una medida regresiva e incompatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en la Argentina.

Tres años después, llegó la noticia más esperada por las diferentes colectividades de inmigrantes. El viernes 5 de marzo de 2021, el Gobierno del presidente Alberto Fernández, junto a todos los ministros del Gabinete Nacional, firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021, con el cual se derogó el Decreto 70/2017 y, con ello, las arbitrariedades en materia migratoria que había impuesto el macrismo. Adicionalmente, se propuso la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria que tendría como fin proponer medidas relacionadas con la aplicación de la Ley de Migraciones 25.871.

Esta decisión del ejecutivo generó controversia. En las semanas posteriores del 5 de marzo, salieron en los medios nacionales detractores del gobierno de turno cuestionando la derogación del decreto 70. Algunos personajes políticos esgrimían que reducir los controles migratorios impuestos por el macrismo permitiría el ingreso al país de narcotraficantes y delincuentes. Al respecto, Florencia Carignano, titular de la DNM, refutó y afirmó: “el decreto 70 fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en Migraciones durante la gestión macrista”.

Pero, en el afán de la titular de migraciones por justificar la derogación del decreto, en sus intervenciones públicas dejó instalado un discurso policivo que preocupa a los defensores de derechos humanos y colectividades de inmigrantes que quedó evidente a propósito de lo sucedido el domingo 14 de marzo, cuando la DNM efectuó un fuerte operativo para trasladar a un acusado de narcotráfico hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para ser expulsado. Este hecho encendió las alarmas en la población inmigrante y dejó la controversia abierta.

* Coordinador y docente del Seminario de Posgrado“Migración, Territorio y DDHH en tiempos de incertidumbre: una mirada desde los sistemas complejos”.

Abril 2021 | Edición #92